Partes de accidente falsificados: un error que no quieres cometer

Los fraudes a los seguros son una mala práctica muy recurrente, y no es extraño que algunos usuarios presenten partes de accidente falsificados que les permitan acceder a indemnizaciones que no les corresponderían. Es una manera de hacer creer a la compañía que algo que no ha pasado realmente sucedió, o de atribuirle a algo que sí sucedió una gravedad exagerada que dé pie a una reclamación de indemnizaciones.

Los partes amistosos de accidentes son un documento que debe remitirse a la aseguradora y mediante el cual se notifica a la compañía de un siniestro ocurrido entre dos coches, el lugar, las condiciones, los daños ocasionados y cualquier dato relevante para que, por su lado, se realice la resolución de los trámites necesarios.

Cuando un usuario, independientemente del motivo, entrega partes de accidente falsificados a su compañía esperando que le arreglen el coche gratis o le ingresen una indemnización que no le toca, lo que podría parecer una simple triquiñuela es, en realidad, un delito: falsedad documental.

El delito de falsedad documental, según la legislación vigente, está castigado con penas de hasta tres años de prisión y multas de entre seis y doce meses. Un castigo importante para lo que algunos usuarios consideran mera picaresca, que en realidad es una conducta delictiva articulada y penada.

Hay mecanismos que permiten a las aseguradoras detectar estos indicios y obrar para evitar morder estos anzuelos fraudulentos. Una localización de atestados eficiente es, sin duda, un protocolo que ayuda a las aseguradoras a descubrir que un usuario puede haber ocultado datos importantes cuando notifica un accidente, lo que daría margen para, en caso de falsedad en el parte, presentar una denuncia.

Si la compañía descubriese la treta en ese paso del proceso, el usuario podría librarse de penas más importantes: la tentativa de estafa, aun así, podría conllevar penas de prisión y meses de multa, pero no alcanzaría los máximos tipificados.

Por el contrario, si los partes de accidente falsificados llegan a juicio de la mano de los usuarios, y estos tratan de utilizarlos como pruebas, los castigos podrían ser todavía más duros: el delito de estafa procesal se sumaría a los cargos, con penas de hasta seis años de cárcel. En definitiva, una picaresca que puede salir muy cara.